"Íbamos camino a ser Venezuela", decían Mauricio Macri y sus agentes de marketing desde Cambiemos previamente a las elecciones presidenciales de 2015. La situación de crisis económica generalizada en aquel país hermano de nuestro continente es ya para todos bien conocida desde hace cierto tiempo: salarios bajísimos, crisis alimentaria, presos políticos, entre otras cosas.
Pero ¿cómo abordar la cuestión Venezuela en el actual contexto de retorno de los regímenes neoliberales en la región? Con excepción de Bolivia y México, y con los casos extremos de conservadurismo -populista racista y neofascista- en los Estados Unidos con Trump y Bolsonaro en Brasil, desde el sur al norte del continente, vivimos un momento de crisis económica y política de difícil diagnóstico. Si se acusa al gobierno venezolano de Nicolás maduro de autoritario y dictatorial, no menos interesante resulta observar que similares acusaciones por parte de amplios sectores de la intelectualidad y los movimientos sociales, también aquí en Argentina, como en Brasil, por ejemplo, se arrojan a los presidentes de dichos países, aún considerando que todos ellos han sido elegidos democráticamente en elecciones nacionales, pero reconociendo, extraoficialmente, que en cada uno de sus mandatos la persecución política así como la crisis económica afectan en diversa medida a sus poblaciones. Atengámonos aquí, por ahora, sólo al caso de Venezuela.
Afirmamos más arriba que sabemos qué sucede en Venezuela: crisis alimentaria, prisión de opositores políticos... Pero si retomamos la anterior aseveración ya no como tal, sino como interrogante, es decir: ¿sabemos qué sucede en Venezuela? Lo cierto es que pronto nos vemos obligados a admitir que sólo sabemos de lo que allí acontece por acotadas e interesadas informaciones periodísticas, sesgadas y monitoreadas por lupas ideológicas estrechas en las más de las veces. Así por ejemplo, si nos ceñimos a las informaciones que medios como TN o la Nación nos dicen, podríamos pensar que, según el opositor autoproclamado presidente provisional del país Guaidó, en efecto la "ayuda humanitaria" ha llegado a destino; en cambio, si nos aferramos a lo que otros medios de la talla de Telesur o C5N nos dicen, apoyando al gobierno constitucional de Maduro, y en contra de la intervención estadounidense, la "ayuda humanitaria" es un nombre clave para llamar de otra manera a la "ocupación militar" junto con el "bloqueo económico", así como que dichos "ocupación" y "bloqueo" no han tenido lugar. ¿A quién de las partes creer que dice la verdad? Y, estando en contra tanto del intervencionismo exterior como de la persecución y prisión de opositores políticos, ¿de qué lado posicionarse? ¿Es mejor ofrecer y aceptar una -real o falsa- "ayuda humanitaria" o rechazar de plano toda posible "ayuda" que no venga del interior, y simplemente apoyar y contener la opinión oficialista del presidente venezolano? En otras palabras, ¿cómo oponerse tanto a la postura intervencionista como a la oficialista, sin perder de vista una necesaria colavoración para el pueblo venezolano y una necesaria autocrítica por parte del gobierno venezolano, sin que tal colaboración suponga una forma de someter a intereses extranjeros al primero o sin ser asimilado sin más al segundo?
Antes de tomar una postura al respecto, pasemos bajo una nueva lupa interpretativa a semejante problemática, y según sus resultados, adoptemos alguna que incluya además la crítica seria y comprometida con la situación real del pueblo venezolano así como con su gobierno. Estamos hablando de lo que Giorgio Agamben nos dice en su obra, Estado de excepción, sobre la suspensión del estado de derecho durante las dos Guerras Mundiales y sus regímenes concomitantes que, inscribiéndose ideológicamente ya sea desde los nombres de democracia liberal o comunismo, encarnaron, en su mayor parte, regímenes que suspendían derechos y libertades. Releyendo la Tesis 8 de las de Filosofía de la historia de Walter Benjamin, que comienza diciendo: "La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el «estado de excepción» en el que vivimos." (Benjamin, 1989, p.180). Y recordando que el autor escribía estas palabras durante su exilio del régimen nazzi, Agamben considera que el momento actual de la política occidental es el estado de excepción: no un simple estado de emergencia, de necesidad o de sitio, tampoco una ley marcial; el estado de excepción los engloba a todos ellos, pero además implica que el estado de derecho ya no existe más, sino que el mismo ha sido suspendido, y que en su lugar el poder soberano del Estado gubernamental ha reemplazado al derecho efectivo por el discurso del derecho, donde actos extrajurídicos o parajurídicos son justificados y ejecutados como si fueran de derecho, ya que el derecho se suspende en hecho, al tiempo que el hecho se vuelve derecho.
Lo anterior nos recuerda, de alguna forma, la teoría imaginaria de la política de Trasímaco, el sofista de la República de Platón, que sugería que la ley que debía regir en cada ciudad fuera la del más fuerte. También nos recuerda al Leviatán de Hobbes, en el cual el autor sugiere una teoría para explicar el surgimiento del Estado moderno filosóficamente -no históricamente, ya que utiliza una metáfora-, ofreciendo un estado de naturaleza previo al estado civil, en el cual existe una guerra latente -y real- de todos contra todos, y para detenerla, los hombres habrían acordado ceder a un único soberano, el poder para organizar la sociedad en un orden que acabe con dicha guerra total, al tiempo que tal soberano -absoluto y monárquico- está por encima de las leyes que regirían para todos sus súbditos.
Rebisando la historia antigua, Agamben sugiere como antecedentes del moderno estado de excepción dos instituciones, que no explicaremos detalladamente aquí, pero que hemos de mencionar, a saber: la stasis griega (cuya traducción aproximada sería conflicto), y el yustitium romano (detención del derecho). Para hablar de la guerra civil, un pasaje del Menéxeno platónico, refiriéndose a la stasis que separó a los ciudadanos de Atenas en el año 404 A.C. Platón utiliza el oxímoron "guerra familiar" (oikeios pólemos); "pólemos designa de hecho la guerra externa y se refiere, como Platón escribirá en la República (470c), a lo allótrion kai othneion [ajeno y extranjero], mientras que para lo oikéion kai syggenés [familiar y pariente], el término apropiado es stásis." (Agamben, 2017, pp.16-17). Indica Agamben que Stasis designa "el acto de levantarse, de estar firmemente en pie [stasimós es el punto de la tragedia en el cual el coro se detiene, permanece en pie, y habla; stes es aquel que pronuncia de pie el juramento]." (Agamben, 2017, p.23). Por otro lado, el yustitium romano era una disposición extraordinaria del senado de la República Romana, el cual se aplicaba durante situaciones de emergencia después de una guerra civil o externa; "Cuando llegaba la noticia de una situación que ponía en peligro a la República, el senado emitía un senatus consultum ultimum, con el cual se les pedía a los cónsules (o a aquellos que hacían las veces de ellos en Roma, interrex o procónsules) y en algunos casos inclusive al pretor y a los tribunos de la plebe y, en el límite, a cada ciudadano, que tomaran cualquier medida que se considerase necesaria para la salvación del Estado (...). Este senadoconsulto tenía en su base un decreto que declaraba el tumultus (la situación de emergencia que en Roma advenía luego de una guerra externa, una insurrección o una guerra civil) y daba lugar usualmente a la proclamación de un iustitium" (Agamben, 2005, pp.85-86). Y dice a continuación: "El término iustitium -construido del mismo modo que solstitium- significa literalmente "interrupción, suspensión del derecho": quando ius stat -explican desde la etimología los gramáticos- sicut solstitium dicitur (iustitium se dice cuando el derecho está detenido, como [el sol en] el solsticio); o bien, en las palabras de Aulo Gelio, inris quasi interstitio quadam et cessatio (casi un intervalo y una especie de cesación del derecho). Él implicaba, de este modo, una suspensión no simplemente de la administración de justicia, sino del derecho como tal." (Agamben, 2005, p.86).
Agamben señala en otra parte -tanto en Stasis como en Estado de excepción-, que no se trata de un poder absoluto por parte del Estado ejecutado por el gobierno, sino de un vacío jurídico, de una anomia que escapa al derecho mismo que intenta capturarla; es un campo en el cual coexisten a la vez dos dispositivos, la ley constitucional, con todos sus tratados internacionales, códigos específicos internos, etc., y los decretos del poder ejecutivo, y en el cual la primera se transforma en una pura forma de ley, es decir en un dispositivo jurídico que está vigente sin ser realmente aplicado, mientras el decreto se vuelve la auténtica fuerza de ley, que se aplica sin formar necesariamente parte de la ley vigente. Es lo que ocurre por ejemplo en la Argentina, con la persecución mediática, judicial y política; la división tradicional en tres poderes queda disuelta al ser absorbidos todos ellos por el poder ejecutivo, que pasa de simplemente ejecutar el gobierno a arrogarse las funciones de hacer leyes y de juzgar las acciones.
Habla asimismo el autor italiano de guerra civil mundial: estando Venezuela comprendido como un país en un continente donde la ONU ha declarado zona de paz y fraternidad entre las naciones, sigue vigente la Carta de las Naciones Unidas, pero al tiempo que suspendida en su aplicación real, disponiendo en su lugar acciones ilegales e ilegítimas que permitirían una ocupación militar y un bloqueo económico exterior. Como en una guerra -el embajador de Venezuela ante la OEA ha hablado de guerra de desgaste-, no es posible no tomar una posición. O bien se está a favor del bloqueo y de la intervención económico-militar, como ya lo han dejado claro explícitamente Macri y Bolsonaro, o bien en contra de tales pero a favor del gobierno constitucional de Maduro. No se ha posibilitado un diálogo, como querían que creyésemos los agentes mediáticos del imperio estadounidense, porque semejante diálogo habría implicado suspender el juicio apresurado y no tomar postura a favor o en contra de las partes sin presentar primero alternativas democráticas y sostenibles tanto para el sistema jurídico como para el pueblo venezolanos; para los defensores del intervencionismo o bien se hace necesaria tal intervención, porque ya decidieron de antemano y sin consulta ni referéndum popular alguno al pueblo venezolano, que el gobierno actual en su país es antidemocrático y autoritario, o bien se hace necesaria tal intervención, porque el pueblo sufre una crisis económica y alimentaria irresoluble por un gobierno democráticamente elegido y colocado por él mismo; es decir, que para ellos sólo es posible y necesario intervenir exteriormente en el interior de un país ajeno a las decisiones de gobiernos exteriores a la propia república venezolana. ¡Qué contradicción para las democracias latinoamericanas, suspender militar y antipopular y antidemocráticamente a Venezuela para que continúe vigente la misma democracia venezolana!
Ya lo señaló el embajador de Venezuela en la OEA: se trata de una farsa, de un robo y de una actuación ilegal, que de llevarse a cabo, sin la aprobación tanto del pueblo y del derecho venezolanos, como de la junta de la firma de veinticuatro miembros de la Organización, violaría la ley. Él dijo entonces que Trump y sus colaboradores embargaron todas las refinerías de petróleo del país, robando treinta mil millones de dólares en una sola semana, y que estarían dispuestos a devolver el 1% en una supuesta "ayuda humanitaria", que a la vez viola derechos humanos. Constituiría un atentado al gobierno, al pueblo y a los derechos humanos de Venezuela, porque no se trata de recibir o de rechazar ayuda otorgada por organizaciones no gubernamentales con el permiso del país receptor, que es el único capaz de decidir aceptar o rechazar tal ayuda, sino de una entrega de armas y ayuda militar a Guaidó, como ya lo demostraron el uso de la frontera colombiana con Venezuela para un "recital benéfico" promocionado por un rico empresario británico, que quería introducir un barco de guerra británico en aguas venezolanas, el envío de fuerzas militares estadounidenses a dichas fronteras, o el explícito apoyo del presidente de Colombia a la intervención, sin el cual su frontera no hubiera sido utilizada con tales fines nefastos para las relaciones entre ambos países.
Si Venezuela efectivamente necesita ayuda exterior e interior, no creemos que sea "humanitaria" una ayuda que sólo puede ser militar y que no está dirigida a sostener provisionalmente al pueblo venezolano en su momento de mayor crisis económica y alimentaria, sino a sostener, en cambio, a las fuerzas ilegales e ilegítimas de Guaidó, quien comparte ideas con Leopoldo López, preso político así como anterior jefe de la derecha venezolana y quien llamara a las armas y al golpe de Estado contra Chávez en su día.
Si estamos en contra de la militarización del pueblo venezolano así como de muchas de las decisiones y actuaciones de Maduro, en la misma medida nos oponemos a la intervención militar y al bloqueo económico del país por parte de los Estados Unidos, cuyo presidente Trump no se cansa de buscar el conflicto y la ocupación que aún no ha podido realizar. Podemos hablar y opinar a favor o en contra del gobierno de Maduro, como nos oponemos al de Macri, pero si podemos darle un estatus jurídico que respalde y corresponda en su campo a la decisión ético-política aquí en nuestro país, ello es porque somos ciudadanos argentinos, y porque habitamos y conocemos esta realidad inmediata y mediatamente, desde el interior de la Argentina; pero no podemos darle el mismo respaldo jurídico a una decisión ético-política sobre un país del cual no formamos parte, el cual no habitamos, ni como ciudadanos ni como pueblo, y en el cual el derecho de nuestro país no puede entrar ni aplicarse, porque cada país por sí mismo constituye, con todas sus partes -Estado, ciudadanía y territorio, pueblo y gobierno-, su propio soberano. Sólo con motivos de guerra, los cuales de ser explicitados causarían manifiesta indignación entre la mayoría de la ciudadanía argentina, pueden personajes como Trump, Macri o Bolsonaro, pretender intervenir un país que no les compete. Estados Unidos sabe que es ser un imperio en América latina, como tiene como país satélite y colonia a Puerto Rico, y sólo los imperios, que someten bajo sus jurisdicciones a las colonias que conquistan, pueden creer y querer asimilar a sus sistemas jurídicos a un país que no se somete a sus disposiciones económicas y políticas de forma sumisa y pacífica, como ya lo hicieran Argentina, Chile o Brasil, desde el retorno conservador en la región. pero además, quiere someter a sus criterios discrecionales y excepcionales a todo un pueblo, para desauciarlo, como ya lo demuestra desde que amenazara al mercado internacional del petróleo con cerrar el suyo a países como la India, para que no compre petróleo a Venezuela, así puede someter a la miseria y al sufrimiento a un país que, sólo porque dice que no a una potencia imperialista que difunde por todo el planeta la nueva esclavitud económica al FMI y al Banco Mundial, es vilipendiado por todos, desde todas partes, desde dentro y desde fuera, para precipitar su derrumbe, ya sea abriendo elecciones prematuras o habilitando una directa invasión armada.
Notas: Véanse las siguientes obras de Giorgio Agamben: Estado de excepción. Homo Sacer II, Traducción de Flavia Costa e Ivana Costa, Introducción y entrevista de Flavia Costa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2005. Stasis: la guerra civil como paradigma político, Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía, Revisión de Flavia Costa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2017. Véase también la conferencia dada por el embajador ante la OEA por Venezuela, en https://drive.google.com/file/d/15zQt8E-g5BOwdbjPoYZjSYOpwd1CgoNv/view.
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